Regias aberraciones

Yo no sé si es necedad, esnobismo o simple ignorancia, pero los habitantes de Monterrey y la zona metropolitana siguen construyendo en zonas peligrosas. El riesgo geológico está presente al tratarse de una región montañosa. Esto resulta evidente para muchos de nosotros, pero parece que todavía hay algunos obstinados que no logran ver más allá de sus narices y no pueden dejar de considerar a los cerros y laderas como el lugar perfecto para ver realizadas sus más profundas pretensiones elitistas.

Los expertos saben que en estas zonas siempre está presente la posibilidad de que ocurra algún accidente y que se produzcan daños materiales o, peor aún, daños a la integridad física de las personas.

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey, llevó a cabo en fechas recientes una propuesta de política pública para enfrentar uno de los problemas cada vez más recurrentes en materia del uso de suelo, el cual tiene que ver con la construcción de inmuebles en zonas de riesgo.

Dicha propuesta tiene como objetivo capacitar a los Directores de proyecto y peritos responsables de las obras de construcción por medio de una certificación para que exista mayor profesionalismo y responsabilidad en el otorgamiento de licencias para uso de suelo en el municipio de San Pedro Garza García, y lograr con ello una reducción de perjuicios a los ciudadanos por daños a sus viviendas.

Uno de los beneficios que traería la implementación de la propuesta hecha por los estudiantes de la EGAP es el hecho de contar con un registro de todos los casos de accidentes ocurridos a causa de la construcción en zonas de riesgo. Estos casos serían objeto de estudio por parte de la red de expertos, lo que ayudaría a contar con un mejor conocimiento de la problemática en materia de uso del suelo.

Por otro lado, cabe señalar que esta propuesta también considera la posibilidad de establecer un sistema de sanciones efectivas para los responsables del otorgamiento de licencias para construir.

Lo anterior traería consigo un mayor compromiso por parte de los responsables al momento de verificar y aprobar los permisos de construcción, lo que contribuiría, a su vez, a una mayor transparencia en dicho proceso y a una mejor rendición de cuentas de parte de los gobernantes.

Las leyes del municipio de San Pedro contemplan sanciones por negligencia respecto a la construcción; sin embargo, según lo comentado por algunos conocedores del tema, no ha habido casos en los cuales se hayan aplicado dichas sanciones. Lo que ellos dicen es que realmente no hay forma de hacer pagar a los culpables. La ventaja de la propuesta en cuestión es que en caso de algún problema, sería más fácil identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

El mediatizado caso de Colinas de San Jerónimo no ha hecho más que confirmar la necesidad de establecer medidas nuevas para contrarrestar los problemas generados en relación a la falta de planeación en materia de uso de suelo.

Precisamente, uno de los mayores problemas es la falta de conciencia de las personas que insisten en llevar a cabo construcciones en zonas de alto riesgo. Pero no sólo eso, aquellos que otorgan los permisos de construcción en dichas zonas no están exentos de culpa, ya sea que lo hagan por falta de ética profesional o por falta de conocimiento.

Por esta razón resulta trascendental ampliar los conocimientos a través de la capacitación de peritos con el fin de elaborar estudios de suelo mucho más específicos, reduciendo el riesgo de posibles desastres.

Evidentemente, el conocimiento es uno de los factores clave en la generación de soluciones más efectivas a los problemas comunitarios, pero no es suficiente. También hace falta la voluntad política para llevar a cabo los cambios necesarios y desarrollar la proactividad a través de la prevención, dejando atrás las disposiciones reactivas a las que tanto estamos acostumbrados.

- Amaya