¿Quién no ha pensado más de una vez que el poder político y los medios de comunicación son parte de un grupo coludido que no pretende otra cosa que ocultar a la sociedad civil lo que realmente sucede en el país?
¿Cuántas veces Televisa fue el blanco de las críticas que la señalaban si no como cómplice, entonces como el testigo mudo de las acciones reprobables del gobierno mexicano?
¿Cuántas veces hemos visto que la agenda ciudadana queda olvidada por los medios, quienes en múltiples ocasiones han jugado el papel de simples cronistas de la vida nacional utilizando la autocensura como su mejor arma?
Lamentablemente, esta idea colectiva de la existencia de una mancuerna perversa entre el gobierno y los medios fue una realidad durante muchos años en nuestro país. Sin embargo, aún en los momentos de más profunda desesperanza, hemos presenciado momentos como la difusión de videos delatores en el antiguo programa El Mañanero; las frases picantes de Julio Hernández en La Jornada; la elocuencia de Carmen Aristegui; los comentarios profundos de los analistas de Primer Plano, y muchos otros fenómenos mediáticos actuales que me hacen pensar que el “contrato” invisible entre los medios y el sector político no existe como tal.
Algunas veces, la relación entre medios y política ha sido simbiótica, pero también es cierto que el golpeteo entre ellos se ha recrudecido en los últimos años. Los políticos tratan de sacar ventaja de los medios o tratan de esconderse de ellos según sea el caso, y los medios, por su parte, necesitan sacar la noticia a como dé lugar. Sin embargo, las reacciones de ambos sectores dependen mucho del tema en cuestión, algunas veces logran llegar a consensos, otras veces la denuncia es contundente y no acepta negociación alguna. De lo que estoy segura es que estamos ante un juego de intereses en el que el ciudadano es el más perjudicado.
A veces resulta verdaderamente aberrante observar la creciente capacidad de difusión por parte de los medios y su notoria incapacidad para provocar una rendición de cuentas de los distintos niveles de gobierno. En este sentido, me queda claro que corresponde a la ciudadanía generar la presión suficiente para incluir su agenda dentro de los medios y de esta forma establecer las condiciones necesarias para exigir cuentas claras a los actores políticos.
Hoy por hoy, la relación entre el mundo de la política y el de los medios de comunicación es muy diferente a aquélla que prevalecía hace 20 años. Ha habido una serie de cambios significativos que han contribuido a la democratización de esta esfera del poder, desencadenando algunos efectos positivos como la profesionalización del ambiente periodístico, entre otros.
Por esta razón es importante tener en cuenta que uno de los objetivos básicos del periodismo es consolidarse como un contrapeso de los distintos poderes que existen dentro de la sociedad. Sin embargo, esta función de perro guardián no ha sido fácil de desempeñar en nuestro país, donde hasta hace poco existía un monopolio del poder. Como dice Rossana Fuentes-Berain, “Tres décadas enteras, la prensa escrita mexicana no fue un contrapoder, fue un instrumento más del poder”.
Ahora, este nuevo papel de irreverencia casi total –y hasta vulgar en algunos casos- que juegan los medios, se presenta como una amenaza para el gobierno, particularmente a causa de los conocidos deslices de nuestro querido presidente Vicente Fox, quien ha sido el blanco favorito de las críticas y burlas lanzadas desde todos los rincones imaginables.
Hay que ser objetivos. Es cierto que hemos sido testigos de importantes avances tanto en el ambiente político como en el mediático pero no hay que echar las campanas al vuelo. Recordemos que la irreverencia no es sinónimo de información. Todavía nos queda mucho camino por andar en esto de la política y los medios. La profesionalización de ambas esferas es cada vez un reclamo más urgente. El respeto de la legalidad también lo es. La ciudadanía lo exige. Nuestro país lo requiere.
- Amaya
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